El rodillo socialcomunista del Congreso tumba la equiparación salarial de policías y guardias civiles

Seis diputados de PSOE y Podemos han impedido este martes que se debata en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol), que reunía 550.000 firmas ciudadanas y que reclamaba una equiparación salarial «real» de Policía y Guardia Civil con otras policías autonómicas. Una circunstancia que afecta a 88.000 agentes y a 150.000 personas, incluyendo a sus familias. Los agentes se han manifestado hoy delante de las puertas de las Cortes en señal de protesta.

Sin embargo, los representantes de PSOE y Podemos en la Mesa del Congreso (6 votos frente a 3) han rechazado que se debata siquiera esta iniciativa por suponer un «aumento del gasto presupuestario», una prerrogativa que contempla la Constitución cuando la medida afecta a los PGE, pero que su aplicación en este caso es más que cuestionable porque el Ejecutivo sigue gobernando con los Presupuestos prorrogados de 2018. De hecho, Vox, que se opuso junto al PP al veto de esta iniciativa y que reclamó su debate, va a llevar esta decisión del Gobierno al Tribunal Constitucional.

Así, los socialistas que han vetado el debate de la ILP han sido la propia presidenta, Meritxell Batet (PSOE), el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), la vicepresidenta tercera, Gloria Elizo (Unidas Podemos), el secretario primero, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), la secretaria segunda, Sofía Hernanz (PSOE) y el secretario tercero, Javier Sánchez Serna (Unidas Podemos).

Desde el Gobierno socialcomunista se circunscriben a mantener el acuerdo firmado por el Ejecutivo del PP con los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, una mejora de 807 millones a lo largo de tres años (2018, 2019 y 2020) que Jusapol considera insuficiente al no alcanzar los 1.500 millones necesarios para una equiparación «real».

«Caradura»

En declaraciones en rueda de prensa en el Congreso y a la pregunta de por qué el PSOE ha impedido hasta el debate de esta ILP ciudadana, que podía ser enmendada durante el trámite parlamentario, como ha subrayado el PP en la Mesa, la portavoz socialista, Adriana Lastra, ha justiciado el veto en ser una prerrogativa constitucional y ha pasado al ataque contra la «caradura» del Grupo Popular, ha dicho, en esta cuestión, tras los vetos a iniciativas de la oposición y la parálisis de 50 leyes en la etapa del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez Toledo, ha calificado la medida del Gobierno de «traición» a los policías y guardias civiles porque «no les había parecido mal esta iniciativa legislativa popular cuando no gobernaban». «El PP jamás vetó una ILP estando en el Gobierno», ha recordado Álvarez de Toledo, avanzando que su formación presentará una ley de retribuciones para abordar este asunto.

«Cacicada»

Desde el Grupo Parlamento de Vox, su secretaria general, Macarena Olona, ha denunciado la «auténtica cacicada» que ha consumado una «mayoría supuestamente progresista» en la Mesa del Congreso, en alusión a PSOE y Podemos. La diputada Olona también ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incurrido aquí en un «uso fraudulento e ilegal de su potestad de voto para impedir su tramitación».

En cuanto a Ciuadadanos, la formación naranja ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara baja para que sea debatida en el Pleno en apoyo de las demandas de Jusapol. Uno de los puntos de dicha moción insta a «retirar el veto a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre equiparación salarial, con el fin de que la misma pueda ser tramitada parlamentariamente».